Después de las actuaciones, a mi juicio, desproporcionadas de la Policía Nacional durante las noches del 17 y el 18 de agosto, mucha gente pedimos en Twitter, Facebook y demás redes sociales que se investigasen los hechos. Las peticiones iban destinadas a todo tipo de organismos: desde el propio gobierno, a la Delegación del Gobierno en Madrid o a la Policía Nacional.

El Gobierno, a través de su portavoz, José Blanco, negó que se hubieran producido “excesos” en las actuaciones policiales. La delegada del Gobierno en Madrid, María Dolores Carrión, sigue desaparecida. La única explicación, ha venido del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y, a falta de un comunicado oficial de la Policía Nacional, tiene que valernos.

Transcribo la nota del SUP («Protocolos de actuación y excesos policiales«, con fecha de 20 de agosto) sin quitar ni una coma ni añadir una negrita:

En relación con las imágenes difundidas ayer en las que aparecen algunas actuaciones de miembros de las UIPs golpeando a ciudadanos queremos manifestar lo siguiente:

a) Apoyamos la información reservada para determinar si se ha producido algún abuso o uso de fuerza inadecuado, en cuyo caso el autor de los mismos debe ser corregido disciplinariamente.

b) Con la única información de las imágenes difundidas, no consideramos ajustadas a un protocolo de actuación racional en supuestos como el que se encontraban (suponemos que de despejar la vía pública para restablecer la normalidad del tránsito), las actuaciones de algunos miembros de las UIPs, como la bofetada a una mujer, los golpes posteriores al joven que la acompañaba, el golpe y patadas en el suelo a un periodista, o los golpes a un joven con una bicicleta y una joven que iban caminando, suponemos que para abandonar el lugar. En las imágenes no aparecen razones de seguridad ni restablecimiento del orden que justifiquen dichos golpes.

c) Los miembros de las UIPs, como el resto de miembros del CNP, actúan sin un protocolo de actuación, la principal herramienta para impedir actuaciones como las que hemos visto, junto a la formación profesional apropiada, (ver “balance del gobierno socialista en el Ministerio del Interior” en www.sup.es). Con el gobierno de Felipe González planteamos la necesidad de elaborar dichos protocolos con una doble misión: garantizar a los ciudadanos un trato ajustado a la legalidad, y a los policías protección jurídica ante denuncias contra ellos, pero ningún Gobierno ha considerado oportuno regularlo. Si ayer hubo abuso policial todos los Gobiernos son también responsables por omisión.

d) En la información reservada abierta se debería, además de establecer si ha habido algún abuso individual, analizar la responsabilidad de los mandos de la UIP actuante, de la Jefatura Superior de Policía, y del director general de la Policía y la Guardia Civil, por si, por acción u omisión, se han permitido prácticas policiales contrarias a los principios legales y los derechos de los ciudadanos garantizados en nuestro país.

e) Tan grave como dichos actos de presunto abuso policial es la inacción del día 17, que permitió que personas, la mayoría mujeres y muchas menores de edad, fueran insultadas acosadas y agredidas en la Puerta del Sol por la radicalidad de unos y la incompetencia profesional y política de otros, simplemente por exteriorizar su fe cristiana con hechos tan agresivos como rezar de rodillas o caminar llevando una mochila de la JMJ. También sobre estos hechos debiera llevarse a cabo una información reservada, y depurar responsabilidades con el cese de la delegada del Gobierno.

Antes de comentar el contenido, hay que aclara que las UIPs citadas en el comunicado del SUP son las Unidades de Intervención Policial, más conocidas como antidisturbios.

Comentarios sobre el comunicado del SUP

El principio del comunicado es prometedor: dice que comprobarán si efectivamente existieron las agresiones y, en caso de que así sea, castigarán a los responsables como corresponda. Aunque me gustaría saber qué tipo de sanción recibirán (suspensión de empleo y sueldo, expulsión del cuerpo, una multa…). Por lo que me ha contado gente en la que confío, y aunque sea algo que no sé de primera mano he de consignarlo, cuando alguien, por ser benevolente, se excede en sus funciones, es reprendido y sancionado con dureza, aunque estas sanciones no suelan trascender.

En el segundo punto, tras citar una serie de casos que todos conocemos bien, reconoce que «no aparecen razones de seguridad ni restablecimiento del orden que justifiquen dichos golpes». Del mero hecho de reconocer que se han visto las imágenes y de verter una opinión, siempre condicionada por el principio del párrafo («Con la única información de las imágenes difundidas»), puede dar la impresión de que ya se están tomando medidas o de que, al menos, han comenzado una investigación interna.

El el tercer punto me desconcertó bastante y tengo la impresión de que lo que hay en él es un intento de descargar la responsabilidad. Dice que no hay un protocolo que garantice «a los ciudadanos un trato ajustado a la legalidad, y a los policías protección jurídica ante denuncias contra ellos», que «ningún Gobierno ha considerado oportuno regularlos» y que, por ello, «si ayer hubo abuso policial todos los Gobiernos son también responsables por omisión». Vale que no exista ese protocolo y que esté muy mal que ningún gobierno democrático haya tenido interés en regularlo. Vale que llevemos así desde el franquismo. Pero se supone que los policías están para proteger a la ciudadanía y para darles «un trato ajustado a la legalidad». No creo que una bofetada por un «¿qué pasa?» se ajusta a la legalidad. Además, el «todos culpables» que se desliza en la última frase, es un «si me voy a comer el marrón, ésta es tu parte».

En el cuarto punto hablan de depurar reponsabilidades en cualquier parte del escalafón, algo que les honra. Ahora sólo falta que consigan llevarlo a cabo.

Con el último apartado me quedé completamente descolocado. Habla de la «inacción del día 17, que permitió que personas [···] fueran insultadas acosadas y agredidas en la Puerta del Sol por la radicalidad de unos y la incompetencia profesional y política de otros, simplemente por exteriorizar su fe cristiana», pero omite, creo que deliberadamente, que esas personas «exteriorizaron su fe cristiana» cortando el paso de una manifestación legal violando así el artículo 21 de la constitución. Aunque con esto no pretendo justificar ninguna actuación de las que vi el día 17 en Sol, Carretas y Jacinto Benavente. En lo que sí parecemos estar de acuerdo el SUP y yo es en la parte de la «incompetencia profesional y política», en la necesidad de investigarlo y en la petición del cese de la delegada del Gobierno en Madrid.

Conclusión personal

Pese a todo lo que lleva pasado estos días, estoy convencido de que la mayoría de los miembros de la Policía Nacional, se oponen a las actuaciones a que hace referencia el comunicado. Y es por eso que no pongo ningún vídeo o fotografía que pueda condicionar (aún más) la opinión de la gente.

También espero que dentro de la Policía Nacional y especialmente dentro de las UIP se considere que, igual que no todos ellos actúan violentamente, no todos los manifestantes actuamos así, ni todos los asistentes a la JMJ son unos santos (una amiga vio cómo uno de ellos le pegaba en la cabeza a un manifestante con el astil de un bandera española).

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